sábado, 13 de diciembre de 2014

La historia del Dr. Óscar Augusto Valle: Me asusta cómo se fabrican culpables en el país...





Medico Torturado por la Marina, lo sacaron de su casa en Coatepec, Veracruz

Fuente y foto: EL UNIVERSAL

Acostado boca abajo, con las manos atadas sobre la espalda, Óscar Augusto Valle Sánchez tolera, callado, las embestidas de la cacha de un rifle de alto poder entre sus nalgas. Quisiera gritar, pero cada súplica que hace dentro de la caja de esa camioneta tiene como respuesta una lluvia de patadas en la cara y amenazas de abrirle la cabeza a tiros, así que se resigna a no hablar para salvar su vida.
“¿Quieres conocer al burro?”, grita el hombre que empuja el arma y simula penetrarlo con ella. “Ahora sí te cargó la chingada”, dice otro, que pisa al médico de 37 años a quien sus captores le colocaron una capucha.
Óscar quiere preguntar quiénes son los 10 hombres armados y embozados que esa noche, 24 de septiembre de 2011, llegaron a su casa en Coatepec, Veracruz, gritando: “¡Abra la puerta, fuerzas federales!”, mientras él veía la televisión en ropa interior; saber por qué lo “levantan” o por qué lo detienen sin darle orden de un juez, o por qué ningún vecino de la privada donde vive solo lo ayuda.
Tirado, el auto arranca y avanza por calles oscuras y senderos no pavimentados. Se detiene después de dos horas y lo bajan a golpes para meterlo en una cabaña. Con la capucha es difícil saber cuántas personas más están ahí privadas de su libertad, pero él calcula unas cinco voces. La suya, que obligadamente revela a sus captores las contraseñas de su celular, redes sociales y correo, es la sexta que se escucha. El miedo le agudiza los sentidos: huele a mar. Anochece cerca de un puerto.
Apenas aparece el sol, Óscar es subido a golpes a otra camioneta. De nuevo, silencio por horas hasta que el miedo le vuelve a agudizar los sentidos: escucha helicópteros, coches, gente, una puerta pesada que se abre. El auto se detiene y un hombre lo baja del vehículo con un golpe en el estómago.
A través de la capucha, el médico distingue la silueta de otro varón que lo recibe. “¿Estoy secuestrado?”, pregunta Óscar, sin saber que acaba de llegar a la base naval Las Bajadas, en Veracruz, propiedad de la Secretaría de Marina (Semar) del Estado mexicano.
Su nuevo captor le susurra: “Bienvenido al infierno”.
Los tres filtros del ‘infierno’
¿Qué le sucede a quien es detenido irregularmente por fuerzas de seguridad corruptas? En algunos casos, la desaparición forzada o la muerte. Óscar es de los pocos que regresan del “infierno” y hablan sobre lo que encontró.
“Por aquellas fechas yo tenía problemas con un vecino, una vez nos agarramos a golpes porque él tapaba con su coche un stand médico que yo ponía frente a mi casa”, recuerda en algún edificio en el centro del país. “Creo que eso detonó todo. Él, en venganza, le dijo a los marinos que yo andaba en malas cosas”.
Antes de ese pleito con su vecino, a quien Óscar adjudica su desgracia, él tenía una vida tranquila: inició sus estudios de Medicina en la Universidad Anáhuac en el DF, viajó a Israel a hacer una especialidad y dejó trunca su carrera en la Universidad Veracruzana, de donde egresaron sus padres de la carrera de Derecho. Es un tipo ilustrado, pero nada de eso vale cuando te conviertes en un “mugroso” ante la Marina mexicana.
“Los mugrosos son Los Zetas. Por esos días había —y hay— mucho zeta en Veracruz. Si ellos piensan que eres uno, o te quieren hacer pasar por uno, te vuelves escoria”.
Óscar sigue su relato: al pisar la base naval le asignan un número y, sin quitarle la capucha, lo hacen caminar hacia una sala amplia con tres filtros, donde calcula que hay unas 60 personas, entre hombres jóvenes, mujeres y ancianos.
El primer filtro es un interrogatorio sin violencia: ¿A qué te dedicas? ¿Para quién trabajas? ¿Dónde está tu jefe? Él responde que no sabe de lo que le hablan y pide que le digan por qué está ahí, pero nadie contesta sus preguntas.
En el segundo, la violencia deja marcas: golpes en el estómago, tablazos en los glúteos, golpes en los riñones que le hacen orinar sangre por rehusarse a firmar varios documentos que no puede leer por tener tapados los ojos.
“Dan de comer uno o dos tacos de canasta al día y ya. Hay gente preparada que ‘cuida’ a los torturadores: médicos, enfermeras, abogados. Una tarde, a un viejito a lado de mí le rompieron la rodilla a golpes. ‘¿Por qué le hacen eso?’, y una marina dijo: ‘No te ha contado lo que él hizo’”.
La tortura del tercer filtro Óscar se la imagina por los gritos de dolor que se cuelan dentro de su capucha, pero la conoce hasta que entra a uno de los baños de la sala grande, donde le dan toques en los testículos, mazazos en las manos y asfixia con bolsas para entrenarlo y que diga que sí a todo lo que le pregunten.
Así, el médico sobrevive cuatro días más en Las Bajadas. Marinos van y vienen sacando declaraciones a gente que se dice culpable e inocente. A punto de que llegue el octavo día, un hombre lo sujeta del brazo, lo saca de la base militar y lo sube a otro vehículo.
En su cabeza resuena una amenaza que escuchó de un marino a otro detenido: “Si no hablas, te vamos a entregar con los de ‘la maña’ [cárteles de la droga] y te dejamos con ellos”.
En ese momento, Óscar conoce que los marinos lo señalan como médico de Los Zetas y en su mente ronda el temor de que lo lleven con gente del cártel del Golfo para que sicarios se encarguen de desaparecerlo.
Relatos de horror
En México, 771 ciudadanos tienen registro como “víctimas del fuero federal”, es decir, personas dañadas en sus derechos por autoridades federales o delincuencia organizada.
De acuerdo con un informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), desde el 15 de enero hasta el 28 de noviembre de 2014 el órgano gubernamental que sustituyó a Províctima ha resuelto dar protección a esos mexicanos gracias a 632 sentencias de jueces, 138 resoluciones de Ministerios Públicos y una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Nosotros aceptamos casos que la CNDH no ha tomado. Por ejemplo, en el caso de Óscar no hubo recomendación, pero nosotros, al valorarlo y hacer las pruebas correspondientes, vemos un evidente abuso y le damos estatus de ‘víctima’”, comenta Jaime Rochín, comisionado presidente de la CEAV.
Así, la CEAV puede legalmente disponer de un fondo para indemnizar económicamente a las víctimas, darles asesoría jurídica contra los responsables del daño, atenderlos sicológicamente sin costo y garantizar que no se repitan esos hechos, entre otros beneficios.
Actualmente hay 2 mil 913 solicitudes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas que la comisión debe revisar, “sin que eso signifique que sólo hay 771 víctimas federales, sino que estamos en el proceso de atender a quien lo pide y registrar a los que deben estar.
“Empezamos sin presupuesto, con deficiencias jurídicas y en menos de un año hemos logrado convertirnos en una alternativa para la gente. Sólo la semana pasada inscribimos a 40 víctimas. Los siete comisionados trabajamos a marchas forzadas.
“Queremos atender a las víctimas de delitos graves, especialmente a quienes nadie ve, los que no tienen reflectores y no tienen voz para gritar su dolor”, afirma Rochín.
En el caso de Óscar Augusto, cuando la CNDH le había dado la espalda, el 14 de enero de 2014 la CEAV le otorgó el reconocimiento de “víctima”, validando así su relato de horror.
Encerrado al lado de sicarios
De la base militar Las Bajadas, el auto se mueve hasta la agencia del Ministerio Público federal Juan B. Lobos, en Veracruz, Veracruz. Ahí, por primera vez Óscar conoce por qué lleva una semana incomunicado y torturado: los marinos lo acusan de ser doctor de Los Zetas y dicen que lo detuvieron mientras manejaba un auto en el que tenía un cuerno de chivo y droga.
Ahí también ve a su papá por primera vez desde que estuvo retenido. Junto a él está un grueso expediente que resume la acusación de delitos contra la salud y portación ilegal de arma, ambos graves y sin derecho a fianza.
Una médico penalista lo revisa en busca de huellas de tortura, pero no le pide que se quite la ropa y escribe en su reporte que el detenido no tiene muestras de violencia; enseguida se despiden los marinos y, con ellos, la esperanza de que el infierno se congele pronto.
A Óscar le abren la causa penal 233/2011, lo encierran en los separos del Ministerio Público y 48 horas después lo llevan esposado al Cefereso 5 o Penal Federal de Villa Aldama, donde lo ingresan al dormitorio 11 con sicarios y torturadores.
“Me tuvieron en la base militar porque necesitaban tiempo para cuadrarme el delito. Querían cárcel. En ese penal hay zetas, gente del cártel del Golfo, del Cártel de Jalisco [Nueva Generación], pero mucho zeta, así que imagínate el riesgo de estar ahí”, comenta. “Ahí me enteré de mi orden de formal prisión”.
Sin embargo, cuando el juez primero de Distrito en Procesos Penales de Villa Aldama, José Clemente, lee el expediente, surgen inconsistencias: alegatos de tortura, fechas y horas que no corresponden, indebido proceso. Tienen que pasar dos navidades en un penal de narcos para que el juez dicte sentencia absolutoria, es decir, que lo declare inocente.
“Fue una batalla de paciencia, dolor, dinero perdido. Mi familia quedó muy mal económicamente, pero salir a la calle fue nacer de nuevo.
“Pasé por cada lugar del infierno: desaparición, tortura, casi me matan, dijeron que me entregarían a ‘la maña’, la cárcel… pero no me rompieron”.
A los 21 meses, Óscar dejó la cárcel.
En la batalla legal
“Me asusta cómo se fabrican culpables en el país”, dice Óscar. “Estas experiencias están más cerca de lo que uno cree”.
Hoy, libre, el médico está en una lucha en tres rings: el primero, limpiar su reputación como un ciudadano que fue declarado inocente; segundo, demandar a la Secretaría de Marina la restitución del daño e indemnización económica con la ayuda de la CEAV; tercero, luchar para reconstruir la vida familiar, social y laboral.
“Hay mucho daño, pero ya me estoy recuperando. Voy a mis terapias, trato de estar tranquilo (…) Si de esta desgracia puedo sacar algo bueno es el cariño de mi familia, que antes estaba separada y ahora está más unida que nunca”.
Al terminar de contar su historia, el hombre cuya meta es formar parte del cuerpo de Médicos sin Fronteras, posa para la cámara. De pie, a un costado de una ventana que deja pasar luces y sombras, da un paso adelante y se le ilumina la cara.
“Toma mi rostro”, pide, con la voz trémula de coraje. “Las víctimas no tenemos nada que esconder. Siempre fui inocente”.

sábado, 20 de septiembre de 2014

La cárcel puede servir para fortalecer tu carácter...nadie dice que sea fácil...




Mis días en la cárcel de 

Ramo Verde, 

por Leopoldo López


Este testimonio se dio en el marco de la entrevista realizada por Boris Muñoz a Leopoldo López
Por Prodavinci | 20 de Septiembre, 2014
Mis días en la cárcel de Ramo Verde, por Leopoldo López 640
En la cárcel he desarrollado una rutina que me ha mantenido fuerte espiritual, 
mental y físicamente. Más que nunca he tomado como mía esa consigna, vigente 
desde los griegos, de buscar el equilibrio entre alma, mente y cuerpo. 
Me despierto temprano, a las 5:00 am, leo la Biblia y rezo hasta las 6:30 am, 
cuando soy trasladado al patio, donde hago ejercicios durante una hora. 
Luego regreso a la celda para asumir el día que tengo por delante. 
Limpio la celda, leo la prensa y comienzo la actividad a la que más dedico tiempo: leer. 
Monté un plan de estudio y formación con énfasis en historia de Venezuela, economía y petróleo y biografía de distintos personajes y líderes de la historia universal. 
En la tarde trato de alimentar mi alma con la música y me he dedicado a tocar el cuatro, 
lo que se ha convertido en un desafío, porque debo reconocer que nunca 
había tocado un instrumento musical y tampoco tengo 
(aunque quiero pensar que sí lo tenía) mucho oído para la música.
Tengo poquísimo contacto con los otros presos, casi inexistente, los pocos 
momentos en que coincidimos tratamos de aprovecharlos al máximo. 
En seis meses, Scarano, Ceballos, Lucchese y yo hemos compartido el almuerzo 
en apenas dos ocasiones. Nos mantienen aislados y cuando podemos estar juntos,
siempre está vigilando un carcelero de la DIM.
Sobre mi encarcelamiento, lo poco que se sabe es lo que Lilian ha podido comunicar, especialmente sobre la violación a mis derechos. Llevo siete meses preso, de los 
cuales, los primeros cuatro, los pasé en estricto aislamiento. 
No he podido recibir visitas más allá de mi familia, mi correspondencia es revisada 
y en ocasiones confiscada. Hemos sido víctimas de requisas violentas, 
en las que han sustraído ilegalmente pertenencias personales y, 
lo más grave, apuntes y documentos de mi defensa. 
De hecho, esta entrevista fue confiscada en una oportunidad.
La libertad es un derecho que no se aprecia a plenitud hasta el día en que la pierdes. 
En Venezuela se han venido cercando las libertades públicas progresivamente. 
La libertad de expresión, la libertad de asociación sindical, la libertad de cátedra en las universidades, el derecho a la protesta pacífica, la libertad de elegir. 
Todas han sido severamente limitadas y reducidas, mediante leyes injustas o 
la represión física y judicial. Como todos los venezolanos, he sido víctima de 
esa pérdida de libertades ciudadanas y actualmente soy víctima de la pérdida de 
mi libertad física. Pero lejos de debilitarme, esta condición me ha hecho más 
fuerte como persona, y ha fortalecido mis convicciones de lucha por una Venezuela verdaderamente libre.

La PGJ solicita revisión para que no salga libre Juan Carlos Flores Solís



El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denunció que el gobierno de Puebla obstaculiza la liberación del activista Juan Carlos Flores Solís, quien fue detenido en abril pasado por delitos “contra la infraestructura hidráulica”, entre otros, cuando se oponía a la construcción del Gasoducto Morelos y el Arco Poniente.


En una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) en la ciudad de México, los activistas acusaron que la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que dirige Víctor Carrancá Bourget, se niega a acatar la resolución que el pasado 28 de agosto emitió el Juez Séptimo de Distrito para dejar en libertad a Flores Solís.

El abogado del activista aún preso, José Antonio Lara, explicó que la PGJ consideró como no valido el amparo que dicho juzgado emitió y que ordena al juez penal de Cholula dejar “insubsistente” el proceso legal en contra de Flores, por lo que la dependencia estatal presentó un recurso de revisión en contra de la determinación.

Tal acción pretende retrasar los tiempos para que tampoco salga en libertad a la también activista Enedina Rojas, quien ayer jueves fue trasladada de emergencia del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlixco al hospital municipal San Juan de Dios, pues no le fue suministrado su medicamento para el asma que padece –según también denunciaron durante la conferencia de medios–.
Y es que Lara explicó que el principal argumento que el Juez Séptimo de Distrito tomó en cuenta para conceder un amparo a Flores Solís y que éste obtuviera su libertad, es que las pruebas que la PGJ presentó para encarcelarlo, resultaron falsas.


Una de las pruebas expuestas por la dependencia estatal fue un supuesto video en el que se aprecia a Juan Carlos Flores cometiendo delitos durante una manifestación, cinta que inicialmente aseguró estaba en poder del Ministerio Público (MP) pero que posteriormente reconoció que no existía. “Se le pidió al procurador el video y reconoció que no existe, inventarnos las pruebas”, acotó el abogado.

Asimismo, el gobierno de Puebla acusó que el activista robó dos celulares a los trabajadores de una empresa que ejecuta el Gasoducto Morelos, pero la fecha que señalaron del supuesto hecho, es la misma en la que Flores Solís firmó una minuta con funcionarios estatales, lo que evidenció la falsedad del argumento, abundó.

Por lo anterior, los integrantes del Frente exigieron al gobierno de Puebla no retrase la liberación de sus compañeros, así como detenga acciones de hostigamiento y represión en contra de activistas que pugnan por la defensa de sus comunidades.

http://e-consulta.com/nota/2014-09-19/gobierno/denuncian-que-pgj-obstruye-liberacion-de-juan-carlos-flores

Mario Luna pide la protección de la justicia federal, no apela por no caer nuevamente en manos del Estado...




La prisión a Mario Luna, “un mensaje grave para los pueblos indígenas”
La detención del vocero yaqui se lee como un aviso de impunidad gubernamental
y despojo. Organizaciones sociales y abogados defensores destacan
el tinte político de la resolución judicial que mantendrá a Luna Romero
en prisión.

Hermosillo, Sonora, y México, Distrito Federal. El auto de formal prisión dictado contra el vocero de la tribu yaqui, Mario Luna Romero, tiene la intención de criminalizar y amedrentar a quienes defienden la tierra, coinciden organizaciones sociales e indígenas de Cherán, Estado de México, Jalisco y Michoacán. “Ya es tiempo de tomar medidas más drásticas, porque lo mismo sucede en otras partes del país”, advirtió el comunero hñähñú Juan Dionisio.

Con la resolución, Mario Luna deberá permanecer en prisión durante el proceso legal pues los delitos de que lo acusan (privación ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas) son graves y no alcanza fianza. La defensa interpondrá un amparo indirecto, pues si recurre a la apelación caerá nuevamente en el ámbito estatal. También se buscará que se reconozca el derecho indígena a aplicar su propia ley y se pedirá la protección de la justicia federal para los coacusados Gerónimo Flores y Fernando Gutiérrez; Tomás Rojo ya cuenta con uno, informó el abogado defensor Benito Ramos.
Salvador Campanur, de la comunidad purhépecha de Cherán (parte del Congreso Nacional Indígena, CNI), advirtió que el auto de formal prisión es una injusticia y un mensaje grave hacia los pueblos indígenas de México. “El mal gobierno actúa contra todo lo que se mueve para defender el territorio indígena”, señaló el comunero. Juan Dionisio coincidió en que a los gobernantes “no les importa la tierra, sólo vender y comprar”.

Juan Dionisio, comunero de San Pedro Atlapulco, Estado de México, y también participante del CNI, consideró que la detención de Mario Luna es “terrible” y significa “uno de los golpes más fuertes que se puede dar a nuestra resistencia y nuestra lucha por la tierra”. Recordó que la nación yaqui es uno de los pueblos más castigados por el poder desde Porfirio Díaz, y “lo que pasa con Mario no es más que una muestra de que esta dictadura nunca se fue”. El hñähñú indicó que esto demuestra que las leyes mexicanas son una burla, “fueron cambiadas por neoliberales traidores para su beneficio y no las reconocemos”.

Carlos González, de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco, indicó que están “muy molestos” por la resolución judicial. La lectura de este activista del Congreso Nacional Indígena es que “seguirán adelante los proyectos de despojo de agua y territorios por encima de pueblos y tribus, con total impunidad para los gobernantes”.
Benito Ramos, abogado defensor del yaqui, afirmó que la resolución, dictada por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas –debido a que la guardia tradicional yaqui castigó al acusador-, es carente de derecho y tiene un tinte político “del tamaño del mundo”.
Ramos explicó a Desinformémonos que en esta etapa del proceso se deben ofrecer pruebas. Aunque la defensa proporcionó tres testimonios “uniformes y contundentes” que demuestran que Luna Romero no estaba ni en el momento ni en el lugar de los hechos, el juez Octavio Palafox “simplemente los desvalorizó” y de forma “ilegal” dictó la resolución con los mismos indicios con los que se emitió la orden de aprehensión, describió el abogado. Además, ignoró el derecho de la etnia a aplicar sus usos y costumbres, agregó.
La intención del auto de formal prisión es, además de amedrentar, distraer de la lucha de fondo para derivarla a la demanda de la libertad del vocero yaqui, valoró Citlalli Hernández, integrante de la Misión Civil de Observación a la Consulta a la Tribu Yaqui.  “Es triste ver cómo el poder judicial se subordina al interés político de un grupo gobernante”, manifestó la activista.
“Se ve metida la mano del gobernador para perjudicar a Mario”, afirmó su abogado. “La orden de captura estaba desde hace un año, y curiosamente hasta ahora, con toda la situación que enfrenta el gobierno estatal, se ejecutó. Podríamos pensar que es un distractor, que pasa por encima de los derechos fundamentales de todo ciudadano”.
La tribu libra una batalla en defensa de las aguas del Río Yaqui al menos desde 2010, cuando el gobierno estatal, encabezado por el panista Guillermo Padrés Elías (quien fue denunciado públicamente en días recientes por la edificación ilegal de una presa en un rancho de su propiedad), anunció la construcción del Acueducto Independencia, que se llevará las aguas que pertenecen a la tribu por resolución presidencial de Lázaro Cárdenas.
Los yaquis han ganado todos los recursos jurídicos interpuestos contra la construcción del Acueducto Independencia, impulsado por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías, y el gobierno fue obligado por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a iniciar un proceso de consulta al pueblo indígena. Mario Luna es una de las caras más visibles de la resistencia yaqui al despojo de su agua por su papel de vocero.
El acueducto, con una longitud de 175 kilómetros, se llevaría un volumen de 75 millones de metros cúbicos de agua de un territorio que ya padece sed, hacia Hermosillo, capital de Sonora.
Campanur condenó el uso de indígenas que para acusar a quienes comparten su color de piel. “Seguramente a ese que acusa lo llevaron a comer, a beber, lo vistieron y hasta lo pasearon con todos los lujos para que pudiera acusar al compañero Mario Luna. Dentro de nuestros saberes como pueblos primeros eso se llama traición”, sentenció.
“Desde siempre nos han querido exterminar y lo único que pedimos es que nos dejen en paz. Somos una nación con una cultura propia y como tal nos vamos a defender. Estamos en un momento muy difícil, pero sabemos que tenemos que seguir adelante porque tenemos la verdad”, expresó Guadalupe Olea Sombras, ex gobernador del pueblo de Vicam.
Juan Dionisio afirmó que los yaquis cuentan con “toda la solidaridad de sus compañeros hñähñú de Atlapulco. En el Congreso Nacional Indígena estamos próximos a reunirnos”, y ahí tomarán las decisiones necesarias para apoyar a Luna Romero.
Nicolás Flores Lugardo, comunero nahua de Ostula, Michoacán (donde el CNI estableció el derecho de sus pueblos a la autodefensa) afirmó que difundirán la información del encarcelamiento de Mario Luna en sus comunidades, pues él “vino a apoyarnos en una ocasión y tenemos que ver el modo de echarle la mano también”.
“Vamos a tener varias reuniones y encuentros, ahí definiremos el apoyo a Mario porque de manera aislada es difícil decidirlo. No olvidaremos lo que dijo en entrevista: no caeremos en la estrategia del gobierno de desviar la lucha contra el Acueducto por la de su libertad: irán juntas”, advirtió Carlos González.
La prisión de Mario Luna enseña que “no hay de otra que seguir organizándonos en la autonomía para disfrutar de libertad, justicia y democracia”, remató el purhépecha Salvador Campanur.

martes, 9 de septiembre de 2014

Los testigos, fantasmas...a modo...



En calidad de “fantasmas” se encuentran los testigos de Enedina Rosas


09/09/2014 04:00
 Publicado por


http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/09/09/en-calidad-de-fantasmas-se-encuentran-los-testigos-de-enedina-rosas/


La comisaria ejidal de Felipe Xonacayuca, Enedina Rosas Vélez, cumplió hace un par de días cinco meses de estar presa por oponerse al gasoducto Morelos y en la medida en que pasa el tiempo se pone en evidencia la ilegalidad y la discriminación con que se sigue el proceso penal en su contra, pues hasta ahora sus ocho acusadores son unos “fantasmas”, ya que ninguno de ellos ha comparecido, todos están desaparecidos y la autoridad poco hace para localizarlos.
Sin contar lo inverosímil que resulta la acusación de que esta mujer de la tercera edad en una manifestación agredió a un grupo de policías y se robó dos teléfonos celulares, mismos que le dio tiempo de destruir.
De acuerdo al proceso penal que se le sigue a esta mujer campesina, el trabajador José Ali Reyes Méndez, quien laboraba en la empresa de capital italiano Bonatti, la acusó de robarle un teléfono celular y otro más de la compañía.
Según la acusación, el supuesto hurto cometido por Enedina Rosas fue visto por siete trabajadores de la misma empresa, mismos que fungen como testigos de que presuntamente la comisaria ejidal se apoderó a la fuerza de los aparatos, mismos que acabó destruyendo.
Por cierto, ninguno aclara cómo estando en una pronunciada ventaja numérica frente a la fémina no impidieron el robo y solo lo observaron.
Ahora resulta que ni el acusador directo de la comisaria ejidal ni el numeroso grupo de testigos aparecen y ninguno de ellos ha comparecido ante el juzgado de Atlixco, que es donde está radicada la causa penal.
Primero se le buscó en una dirección del kilómetro 115 de la autopista México–Puebla, ubicado en la comunidad de Coronango, en donde oficialmente estaba el área de relaciones públicas de Bonatti, que es la encargada de construir el gasoducto Morelos.
Y resulta que ahí ya no se encuentra la compañía y la única referencia que se encontró es que los directivos se fueron a otro estado del país.
A todos los que firmaron una declaración para incriminar a Enedina Rosas se le ha buscado oficialmente cinco veces, por lo cual ya se determinó una sanción económica en su contra y existe la advertencia de que se podría utilizar la fuerza pública para que comparezcan.
Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que los ocho nombres han sido buscados en el directorio de la Sección Amarilla, en los padrones de Comisión Federal de Electricidad, de Teléfonos de México y del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en ninguno de éstos aparecen, como si se los hubiera tragado la tierra o simplemente nunca  existieron.
Un dato importante es que otro de los presos por el tema del gasoducto es Juan Carlos Flores Solís, quien era vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, a quien se le acusa de robo y de obstrucción de una obra pública, y por este segundo ilícito aparecen dos testigos, que son los mismos que están en el proceso contra Enedina Rosas Vélez.
Lo raro es que en el proceso de Juan Carlos Flores esos dos testigos sí fueron localizados y notificados de que debían comparecer ante un juzgado, para luego desaparecer.
Tal situación plantea dos hipótesis:
1. Que por alguna razón extraña existe un mejor trato al preso Juan Carlos Flores y es probable que pronto se le dejará en libertad. Algo que llama la atención es que personas cercanas a este hombre siempre han sido recibidas en audiencia en la Secretaría General de Gobierno, lo que no ocurre con los interlocutores de los otros dos detenidos por el asunto del gasoducto.
2. Que esos dos testigos comunes, que aparecen en los proceso de Enedina Rosas y Juan Carlos Flores, por pura suerte fueron localizados y notificados antes de que los desaparecieran o ellos decidieran desaparecerse.
Otro dato importante es que Bonatti oficialmente tuvo hasta el año 2011 permisos locales para operar como empresa, mismos que ahora no están vigentes, pese a que construye el gasoducto.
Por tanto, si oficialmente no está asentada la empresa en Puebla y los trabajadores que aparecen como testigos contra Enedina Rosas Vélez son de una compañía sin un domicilio oficial, se estaría ante una situación en que esos testigos falsearon su declaración al reportarse parte de una firma sin una sede real.
Por donde se vea, queda claro que el proceso legal contra Enedina Rosas Vélez es una farsa.
Y que esta mujer es una presa política del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas por el simple hecho de expresar el sentir de los campesinos de su núcleo ejidal que, con sobradas razones, se oponen a que una obra ponga en riesgo sus vidas, sus tierras, sus comunidades, su estilo de vida.

miércoles, 13 de agosto de 2014

El preso Gerardo Ortega Maya, delitos fabricados, días preciosos de libertad perdidos...


 
¿Quién te devuelve tus sueños?



 A través de un análisis jurídico realizado por el Juez de amparo, se estableció que el auto de formal prisión decretado en contra de Ortega Maya estaba fundamentado en versiones de terceras personas, y que nunca fueron cotejadas con hechos reales, fehacientemente confirmadas con actos probatorios de hora, lugar y circunstancia.
 
Por ello, el auto de formal prisión decretado por el Juez Décimo de Procesos Penales no tiene fundamento jurídico legal, y es violatorio de la garantías individuales, por ello el juez de amparo ordenó revocarlo, y dictar uno nuevo subsanando las deficiencias ministeriales y procesales, situación que ninguna de las dos instancias emplazadas pudieron cumplir.



Expediente 104172013/14




http://www.24-horas.mx/el-caso-se-cayo-por-intervencion-telefonica/

La incapacidad de la Procuraduría General de la República de sustentar la legalidad de las intervenciones telefónicas hechas a Gerardo Ortega Maya, ex funcionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) llevaron a que el caso quedara sin sustento.

Ni la PGR ni el Juez de Procesos pudieron subsanar las deficiencias y omisiones señaladas a través del amparo que ganó Ortega Maya, por lo que fue más fácil otorgarle la libertad.

Inclusive, hubo un señalamiento del juez de amparo sobre el registro de llamadas que presentó la PGR y los análisis periciales en los que basó sus pesquisas, sin embargo, se omitió referir la legalidad de la intervención telefónica que requiere forzosamente la autorización de un juez.

El juez le reiteró uno de los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que considera las conversaciones telefónicas de cada individuo como su propia intimidad, y escucharlas o intervenirlas como parte de investigaciones y pesquisas requiere de una orden judicial.

Y es que la acusación de la PGR se basó en las versiones contradictorias de los denominados “testigos protegidos”, incluso el Ministerio Público no pudo comprobar ni siquiera la existencia del grupo criminal al que presuntamente servía: el Cártel de los Cabrera Sarabia, supuestamente ligado a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

Este fue uno de los principales argumentos en los que se basó el decreto de libertad inmediata dictado por el Juez Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales.

La decisión judicial fue en acatamiento de la sentencia del juicio 1041/2013 dictada por el Juez Décimo Cuarto de Amparo Penal en contra del auto de formal prisión del nueve del 2012. Después de este resolutivo, la PGR impugnó la sentencia del Juez de Amparo, la misma que fue ratificada por el Quinto Tribunal Colegiado a través de la toca penal 22/2014, el pasado siete de julio.

Un mes después, el siete de agosto el juez de procesos tuvo que decretar la libertad inmediata para el procesado, ya que el ministerio público no pudo subsanar las omisiones y deficiencias decretadas en el juicio de garantías, y en consecuencia él mismo no pudo sustentar el auto de formal prisión dictado.

A través de un análisis jurídico realizado por el Juez de amparo, se estableció que el auto de formal prisión decretado en contra de Ortega Maya estaba fundamentado en versiones de terceras personas, y que nunca fueron cotejadas con hechos reales, fehacientemente confirmadas con actos probatorios de hora, lugar y circunstancia.

Por ello, el auto de formal prisión decretado por el Juez Décimo de Procesos Penales no tiene fundamento jurídico legal, y es violatorio de la garantías individuales, por ello el juez de amparo ordenó revocarlo, y dictar uno nuevo subsanando las deficiencias ministeriales y procesales, situación que ninguna de las dos instancias emplazadas pudieron cumplir.

El indiciado fue acusado por la PGR de formar parte del área de inteligencia de la organización delictiva de los Cabrera Sarabia, cuya labor era la de obtener información de corporaciones como el Ejército y la PGR para después trasmitirla a los criminales, y así evitaran los cateos a diversos domicilios donde tenía sus centros de operación, entre ellos, Santa Fe, la colonia Nápoles en el DF, y otros zonas de Jalisco y Durango.

“De la que se dedujo la existencia del grupo delictivo, pero omitió señalar qué datos o indicios se desprenden de esa prueba, tales como la temporalidad, actividades y lugares en que opera, pues no bastó que de manera genérica sostuviera que:

“…como en el presente caso tenemos que los hoy indiciados su participación dentro de dicha organización (Cabrera Sarabia) era la de cooptar a servidores públicos tanto del Ejército Mexicano, como de la Procuraduría General de la República, para obtener información relacionada con operativos contra la ya referida organización criminal, y así de esta manera los otros integrantes se pueden evadir de la acción de la justicia y con ello seguir realizando sus actividades ilícitas que tanto dañan a nuestra sociedad mexicana en su conjunto’, adujo el juez de amparo sobre la acusación ministerial.

Sin embargo, nunca se pudo documentar jurídicamente, la realización de tales cateos, y que sus resultados negativos hayan sido por la filtración de información que Ortega Maya entregó a los grupos criminales.

domingo, 20 de julio de 2014

"El Chapo" y "La Barbie" arman frente común dentro de penal para iniciar huelga

http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/07/20/el-chapo-y-la-barbie-arman-frente-comun-dentro-de-penal-para-iniciar-huelga




Desde el interior del penal comenzó la huelga el miércoles 16 y se mantendrá "hasta nuevo aviso".
México.- Joaquín "El Chapo" Guzmán, y Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", ambos presos, han unido fuerzas para organizar a internos e irse a huelga de hambre para ¡protestar por presuntas violaciones a sus derechos!
Ambos capos se encuentran en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en Edomex, y cuentan con el apoyo de casi mil internos de cinco módulos de la prisión.
Informantes revelaron a Proceso que desde el interior del penal comenzó la huelga el miércoles 16 y se mantendrá "hasta nuevo aviso".
El Chapo se unió a "La Barbie", lugarteniente de los Beltrán Leyva, pese a que en un principio fueron socios en la llamada Federación y después se volvieron enemigos.
En la nota firmada por Anabel Hernández se relata que los presos se quejan de que en el penal -cuyo director general es Valentín Cárdenas- no se les permite acceder a la tienda en la cual sus familiares hacen depósitos para que ellos adquieran artículos de higiene personal.
Al parecer tampoco se les da atención médica apropiada ni medicamentos.
También denuncian que no se lavan con regularidad sus uniformes, no se les dan ropa interior y no se respeta el tiempo de la visita familiar ni de las llamadas telefónicas a las cuales tienen derecho.
"El Chapo" y "La Barbie" han rechazado los tres alimentos diarios desde el miércoles, revelaron, por lo que en respuesta, las autoridades del penal repartieron a los huelguistas calcetines y ropa interior, y aunque el director ha intentado dialogar con ellos, no lo ha logrado.
Martha Gema Pérez Gorostieta, abogada de George Khoury, uno de los ayunantes del módulo 5, dijo a Proceso que el día de inicio de la huelga de hambre su cliente fue designado vocero del módulo 5 para hablar con Cárdenas.
"Están pidiendo que se les permita ingresar una televisión de 9 pulgadas, como lo permite el reglamento, que la tienda se aumente a mil 300 pesos, al igual que el Cefereso de Matamoros. La entrada de la visita es muy lenta y no les dan el tiempo completo; entonces que la entrada sea ágil y que les otorguen el tiempo completo, que sus llamadas en vez de dos intentos sean tres", dijo.

lunes, 14 de julio de 2014

Ahora resulta que los agresores son los pobladores de Chalchihuapan...


http://www.diariocambio.com.mx/2014/secciones/zoon-politikon/item/69957-hasta-de-homicidio-en-tentativa-culpa-pgj-a-pobladores-de-chalchihuapan


Hasta de homicidio en tentativa culpa PGJ a pobladores de Chalchihuapan

Viernes, 11 Julio 2014 00:00
Hasta de homicidio en tentativa culpa PGJ a pobladores de Chalchihuapan
La administración morenovallista descargó su furia sobre los cuatro pobladores de San Bernardino Chalchihuapan detenidos en el enfrentamiento con policías estatales, pues los consignó por siete delitos, incluidos motín, robo y homicidio en grado de tentativa, por uno de los policías que retuvieron y que fue reportado como grave, así como al menor de 13 años herido en la trifulca, pese a que la madre declaró a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que los agresores fueron uniformados.
menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, pese a que la madre declaró a medios de comunicación y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que los agresores fueron uniformados.


Mediante un boletín emitido por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) señaló que los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan hirieron a más de 40 elementos, además de que insistieron en su versión de que son los responsables de la lesión del menor de 13 años y daños a dos patrullas.


Asimismo, informaron que el agente del Ministerio Público inició la averiguación previa 468/2014/DMZS, en contra de Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tacalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras, alias “El Borracho”, detenidos durante el operativo realizado para restablecer la circulación en la autopista vía Atlixcáyotl.


Los delitos que se les imputan son por su probable responsabilidad en ataques a la vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propiedad ajena doloso, motín, privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa y robo.


Según las autoridades el 9 de julio, luego de que centenares de personas bloquearon la autopista Puebla-Atlixco, la autoridad dialogó con los pobladores para que se retiraran del lugar, sin embargo, estos se negaron y se tornaron agresivos, lesionando a elementos estatales y reteniendo a dos de ellos causándoles diversas heridas.


“Derivado de lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública del estado dispuso de un operativo que permitió reabrir la circulación. Cabe señalar que durante la intervención de la autoridad, los pobladores agredieron a uniformados y pobladores que caminaban por la zona, ya que lanzaron diversos proyectiles como piedras, palos, cohetones, bombas molotov y petardos”.


La PGJ asegura en su comunicado que los cuatro detenidos fueron plenamente identificados por los policías estatales como los mismos que los habrían agredido y “la madre del menor de 13 años que se encuentra hospitalizado, reconoce también a uno de los detenidos, como el mismo que lanzó uno de los cohetones que lesionaron a su hijo”, ello a pesar de que la madre declaró a la CEDH y a medios de comunicación que fueron los uniformados de la estatal los agresores


Read more: http://www.diariocambio.com.mx/2014/secciones/zoon-politikon/item/69957-hasta-de-homicidio-en-tentativa-culpa-pgj-a-pobladores-de-chalchihuapan#ixzz37S11qYlE
Follow us: @Diario_Cambio on Twitter | diario.cambio1 on Facebook



Read more:http://www.diariocambio.com.mx/2014/secciones/zoon-politikon/item/69957-hasta-de-homicidio-en-tentativa-culpa-pgj-a-pobladores-de-chalchihuapan#ixzz37S0Xiec3
Follow us: @Diario_Cambio on Twitter | diario.cambio1 on Facebook

domingo, 6 de julio de 2014

No voy a negociar: Mireles


DICTAN AUTO DE FORMAL PRISIÓN AL 
DR MIRELES





“No voy a negociar nunca, no tengo nada que negociar 

en el derecho a la vida, agradezco mucho las muestras 

de apoyo y les pido que no nos rindamos porque se 

trata de un asunto de vida o muerte para todos los 

mexicanos, mi cuerpo está preso, pero no está presa mi 

mente, ni mis convicciones”

dijo José Manuel Mireles Valverde a su abogada Talía Vázquez Alatorre. Vázquez acudió ayer sábado a las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11, a visitar al ex líder de las autodefensas de Michoacán, acompañada de una caravana vehicular, conformada por alrededor de 50 simpatizantes. Las primers horas de este domingo, Mireles recibió el auto de formal prisión.


Luego de que el gobierno diera su versión oficial de la detención, la abogada de Mireles, Talía Vázquez Alatorre, dijo que las pruebas habían sido “sembradas” y que el mismo doctor había denunciado  violaciones a sus derechos humanos durante el operativo. En un video que circuló en redes sociales, Mireles Valverde denunció estar sujeto a tortura psicológica y malos tratos, como son la limitación de sus alimentos y medicamentos para tratar su diabetes, en el penal de Hermosillo, Sonora, donde fue recluido desde el domingo pasado. En la grabación, el líder de las autodefensas se presenta rapado y rasurado, además da cuenta que sólo ha padecido “tortura psicológica y física”. El Comisionado negó que eso haya sucedido. En entrevista radiofónica con MVS, Castillo Cervantes aseguró que la captura del líder de autodefensas se llevó a cabo conforme a los protocolos y rechazó las versiones que referían violaciones a los derechos humanos del médico michoacano y afirmó que “nunca estuvo incomunicado”.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/06-07-2014/1048873. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

sábado, 5 de julio de 2014

El peligro de las tarjetas de presentación...

El secuestro

Trabajaba para una universidad pública...de esas que tienen más presupuesto que muchos ayuntamientos del país... el tiempo pasó, como en los cuentos... de pronto lo detuvieron y remitieron al CERESO...

Con un contrato aparentemente firmado por el, más una tarjeta de presentación,  integraron una averiguación... cuando el MP pidió al juez penal de la causa que realizara la consignación y el internamiento al CERESO, exigiendo la reparación del daño, el juez se negó... "Incumplimiento de contrato, juicio civil..." dijo el juez...

Los abogados del quejoso acudieron al Tribunal Superior de Justicia, la respuesta: "Basta con la presunción del delito para librar una orden de aprehensión... no es necesario agotar las instancias civiles, se presume el delito, la consignación debe realizarse..."

El juez penal se vio en la necesidad de liberar la orden de localización, presentación y posterior consignación...

Internado en el CERESO recibe la visita en locutorios: "Paga o te quedas recluido de por vida..."

El Amparo Indirecto no es concedido...meses de reclusión... "Paga la mitad del adeudo y te otorgamos el perdón..."

Al solicitar la revisión, recibe otra visita: "Paga cuarenta mil pesos y te otorgamos el perdón..."

La justicia al servicio del poder...los ciudadanos en absoluta desprotección... La averiguación se integró con un contrato falso...mas una tarjeta de presentación impresa en algún café internet...

Una especie de secuestro a manos de la autoridad. Sin derechos, sin futuro, sin esperanza...



Cuarenta mil pesos...eso vale su libertad... cuarenta mil pesos...

sábado, 21 de junio de 2014

ERES INOCENTE HASTA QUE EL JUEZ TE CONDENE...




Época: Décima Época 

Registro: 2006093

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 04 de abril de 2014 10:40 h

Materia(s): (Constitucional) 

Tesis: 1a./J. 25/2014 (10a.)


PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA 

PROBATORIA.

La presunción de inocencia es un derecho que puede  

calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 

múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con  

garantías encaminadas a regular distintos aspectos del  

proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como 

"regla probatoria", en  la medida en que este derecho 

establece las características que deben  reunir los medios

de prueba y  quién debe aportarlos para poder considerar  

que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de  
inocente que tiene todo procesado.


1.- Amparo en revisión 349/2012. Clemente Luna Arriaga y otros. 26 de septiembre de 2012. 

Cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia , Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo

de Larrea. Ponente: Arturo Zaldívar, Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.


2.- Amparo directo en revisión 2756/2012. 17 de octubre de 2012. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho 
para formular voto concurrente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Jorge Mario  Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez

.
3.- Amparo en revisión 123/2013. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Saldívar Lelo  de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón
 Cossío Díaz. Secretaria: Carmen 
Vergara López.

4.- Amparo directo en revisión 1520/2013. 26 de junio de 2013. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros  Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Olga Sánchez  Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo,
quien reservó su derecho para  formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.



5.- Amparo directo en revisión 1481/2013. 3 de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria : Rosalba Rodríguez Mireles.


6.- Tesis de jurisprudencia 25/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión  de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 04 de abril de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 

07 de abril de 2014  para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 19/2013.