Hermosillo, Sonora, y México, Distrito Federal. El auto de formal prisión dictado contra el vocero de la tribu yaqui, Mario Luna Romero, tiene la intención de criminalizar y amedrentar a quienes defienden la tierra, coinciden organizaciones sociales e indígenas de Cherán, Estado de México, Jalisco y Michoacán. “Ya es tiempo de tomar medidas más drásticas, porque lo mismo sucede en otras partes del país”, advirtió el comunero hñähñú Juan Dionisio.
Con la resolución, Mario Luna deberá permanecer en prisión durante el proceso legal pues los delitos de que lo acusan (privación ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas) son graves y no alcanza fianza. La defensa interpondrá un amparo indirecto, pues si recurre a la apelación caerá nuevamente en el ámbito estatal. También se buscará que se reconozca el derecho indígena a aplicar su propia ley y se pedirá la protección de la justicia federal para los coacusados Gerónimo Flores y Fernando Gutiérrez; Tomás Rojo ya cuenta con uno, informó el abogado defensor Benito Ramos.
Salvador Campanur, de la comunidad purhépecha de Cherán (parte del Congreso Nacional Indígena, CNI), advirtió que el auto de formal prisión es una injusticia y un mensaje grave hacia los pueblos indígenas de México. “El mal gobierno actúa contra todo lo que se mueve para defender el territorio indígena”, señaló el comunero. Juan Dionisio coincidió en que a los gobernantes “no les importa la tierra, sólo vender y comprar”.
Juan Dionisio, comunero de San Pedro Atlapulco, Estado de México, y también participante del CNI, consideró que la detención de Mario Luna es “terrible” y significa “uno de los golpes más fuertes que se puede dar a nuestra resistencia y nuestra lucha por la tierra”. Recordó que la nación yaqui es uno de los pueblos más castigados por el poder desde Porfirio Díaz, y “lo que pasa con Mario no es más que una muestra de que esta dictadura nunca se fue”. El hñähñú indicó que esto demuestra que las leyes mexicanas son una burla, “fueron cambiadas por neoliberales traidores para su beneficio y no las reconocemos”.
Carlos González, de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco, indicó que están “muy molestos” por la resolución judicial. La lectura de este activista del Congreso Nacional Indígena es que “seguirán adelante los proyectos de despojo de agua y territorios por encima de pueblos y tribus, con total impunidad para los gobernantes”.
Benito Ramos, abogado defensor del yaqui, afirmó que la resolución, dictada por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas –debido a que la guardia tradicional yaqui castigó al acusador-, es carente de derecho y tiene un tinte político “del tamaño del mundo”.
Ramos explicó a Desinformémonos que en esta etapa del proceso se deben ofrecer pruebas. Aunque la defensa proporcionó tres testimonios “uniformes y contundentes” que demuestran que Luna Romero no estaba ni en el momento ni en el lugar de los hechos, el juez Octavio Palafox “simplemente los desvalorizó” y de forma “ilegal” dictó la resolución con los mismos indicios con los que se emitió la orden de aprehensión, describió el abogado. Además, ignoró el derecho de la etnia a aplicar sus usos y costumbres, agregó.
La intención del auto de formal prisión es, además de amedrentar, distraer de la lucha de fondo para derivarla a la demanda de la libertad del vocero yaqui, valoró Citlalli Hernández, integrante de la Misión Civil de Observación a la Consulta a la Tribu Yaqui. “Es triste ver cómo el poder judicial se subordina al interés político de un grupo gobernante”, manifestó la activista.
“Se ve metida la mano del gobernador para perjudicar a Mario”, afirmó su abogado. “La orden de captura estaba desde hace un año, y curiosamente hasta ahora, con toda la situación que enfrenta el gobierno estatal, se ejecutó. Podríamos pensar que es un distractor, que pasa por encima de los derechos fundamentales de todo ciudadano”.
La tribu libra una batalla en defensa de las aguas del Río Yaqui al menos desde 2010, cuando el gobierno estatal, encabezado por el panista Guillermo Padrés Elías (quien fue denunciado públicamente en días recientes por la edificación ilegal de una presa en un rancho de su propiedad), anunció la construcción del Acueducto Independencia, que se llevará las aguas que pertenecen a la tribu por resolución presidencial de Lázaro Cárdenas.
Los yaquis han ganado todos los recursos jurídicos interpuestos contra la construcción del Acueducto Independencia, impulsado por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías, y el gobierno fue obligado por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a iniciar un proceso de consulta al pueblo indígena. Mario Luna es una de las caras más visibles de la resistencia yaqui al despojo de su agua por su papel de vocero.
El acueducto, con una longitud de 175 kilómetros, se llevaría un volumen de 75 millones de metros cúbicos de agua de un territorio que ya padece sed, hacia Hermosillo, capital de Sonora.
Campanur condenó el uso de indígenas que para acusar a quienes comparten su color de piel. “Seguramente a ese que acusa lo llevaron a comer, a beber, lo vistieron y hasta lo pasearon con todos los lujos para que pudiera acusar al compañero Mario Luna. Dentro de nuestros saberes como pueblos primeros eso se llama traición”, sentenció.
“Desde siempre nos han querido exterminar y lo único que pedimos es que nos dejen en paz. Somos una nación con una cultura propia y como tal nos vamos a defender. Estamos en un momento muy difícil, pero sabemos que tenemos que seguir adelante porque tenemos la verdad”, expresó Guadalupe Olea Sombras, ex gobernador del pueblo de Vicam.
Juan Dionisio afirmó que los yaquis cuentan con “toda la solidaridad de sus compañeros hñähñú de Atlapulco. En el Congreso Nacional Indígena estamos próximos a reunirnos”, y ahí tomarán las decisiones necesarias para apoyar a Luna Romero.
Nicolás Flores Lugardo, comunero nahua de Ostula, Michoacán (donde el CNI estableció el derecho de sus pueblos a la autodefensa) afirmó que difundirán la información del encarcelamiento de Mario Luna en sus comunidades, pues él “vino a apoyarnos en una ocasión y tenemos que ver el modo de echarle la mano también”.
“Vamos a tener varias reuniones y encuentros, ahí definiremos el apoyo a Mario porque de manera aislada es difícil decidirlo. No olvidaremos lo que dijo en entrevista: no caeremos en la estrategia del gobierno de desviar la lucha contra el Acueducto por la de su libertad: irán juntas”, advirtió Carlos González.
La prisión de Mario Luna enseña que “no hay de otra que seguir organizándonos en la autonomía para disfrutar de libertad, justicia y democracia”, remató el purhépecha Salvador Campanur.
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